Los senadores que integran la comisión encargada de estudiar el proyecto de Ley de Seguridad Interna (LSI), académicos y especialistas en derecho constitucional, llegaron a la conclusión, de que esta iniciativa además de violar derechos de la población, y además militariza al país. Razón por la cual los expertos señalan que si la Suprema Corte de Justicia a cuyo estudio definitivo quedó el proyecto de ley, no lo declara inconstitucional, resultaría evidente que la Suprema Corte, actúa, no a favorecer los propoósitos e intereses del Poder Ejecutivo.

Durante un seminario efectuado en la Universidad Nacional Autónoma de México, se llegó a la conclusión anterior y los ponentes coincidieron, en su consideración, considerada pesimista pero que intenta señalar el riesgo que significa la aprobación por el Congreso de la Unión, de esta legislación; que además, otorga en su artículado, facultades extraordinarias a las fuerzas armadas - militares, marinos y policías - en contra de la mayoría de los habitantes de la República.

El seminario universitario al que acudieron profesionistas en derecho, que tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el director de dicho Instituto, Pedro Salazar, expresó textualmente: "desde su aprobación en diciembre de 2017, y hasta la fecha, han sido impuestas ocho controversias constitucionales debido a los riesgos que representa, por lo que dicho documento será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Ello a pesar de que el presidente de la República Enrique Peña Nieto, manifestó que, no obstante la aprobación del Poder Legislativo a la iniciativa, el Poder Ejecutivo no la aplicaría.

Independientemente, de la posición del presidente y del Poder Legislativo, en los hechos está demostrado que la violencia desatada en buena parte por los traficantes de drogas y el crimen organizado, no sólo no ha disminido, sino todo lo contrario, se ha observado, un aumento considerable en los últimos tiempos.

"Tanto el proceso legislativo como su resultado, (la promulgación), abonan en el terreno de un Estado Autoritario de derecho" agregó Héctor Fix-Zamudio del instituto de Investigaciones Jurídicas.

El especialista Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, agregó que el principal temor respecto a la nueva legislación, es que se abandone la ruta de las instituciones civiles de procuración de justicia, y se consolide la política de la militarización del país.

Por su parte el investigador john Ackerman, también investigador del Instituto, opinó que la Ley de Seguridad Interior, significa que el país se encuentra en un golpe de Estado silecioso que replantea la política impulsada por el ex presidente Lázaro Cárdenas quién despolitizó a los militares e institucionalizó las fuerzas armadas.

Así mismo, Ackerman manifestó, que a partir de 2002, México forma parte del Comando Norte, un perímetro de seguridad del poder militar de Estados Unidos, lo que significa, que la aparente confusión entre la defensa nacional y la seguridad interior, en la LSI, responde en realidad cumplir con los compromisos adquiridos con los Estados Unidos.

La senadora Marcela Torres Peimbert, expuso que el efecto de esta Ley, ha derivado en violaciones a los derechos fundamentales de las personas, por parte de algunos elementos: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado y abuso de migrantes.

A la fecha se han movilizado 133 mil efectivos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. Actualmente hay nueve carteles en México, que abarcan 23 entidades federativas y 2017 ha sido el año más violento de los últimos 20 años con 23 mil 101 homicidios en total. Mientras que el gasto público ejercido en funciones de justicias de seguridad interior rebasa la cifra de 1.8 billones de pesos.

Así, en los últimos 12 años, la violencia en México se ha incrementado. La estrategia de seguridad que ha permitido al ejército en las calles, ha resultado un fracaso. Dicha Ley, agravará las condiciones de violencia que se viven en México consideró el Colectivo Seguridad Sin Guerra.

Cabe mencionar que en una visita ha Guerrero a principios de diciembre, López Obrador habló de la necesidad de explorar otras rutas para resolver los problemas de seguridad. Entre ellas incluyó la posibilidad de dar amnistía a algunos criminales. A mediados de enero, el presidente Enrique Peña Nieto le contestó: "Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber ni perdón ni olvido".

La amnistía podría ser o no una solución al problema de la seguridad en México, pero sería un avance admitir el error en el que hemos estado en los últimos once años.

La respuesta del presidente no sorprende. Coincidir con López Obrador significaría admitir que la estrategia de más de una década ha sido la equivocada. Para entender este fracaso es necesario remontarnos a diciembre de 2006.

En el primer mes de su mandato, Felipe Calderón inició una lucha contra el narcotráfico a la que le llamó la "Guerra contra el narcotráfico". La palabra "guerra" le permitía justificar retóricamente el uso indiscriminado del Ejército y la asignación de los recursos presupuestales militares para enfrentar al crimen organizado. Dado que el Congreso mexicano no está facultado para legislar sobre seguridad interior y el uso presidencial del Ejército invade el ámbito de competencia de los gobiernos locales, la decisión de Calderón era también inconstitucional.

Durante su gobierno, Calderón trató de encontrar un marco legal que regulará la labor de los militares en la seguridad pública del país, pero fue hasta el año pasado que el PRI, en alianza con el Partido Acción Nacional (el partido de Calderón), así como con el PVEM, Nueva Alianza y un par de diputados del PES aprobaron la ansiada justificación legal: la Ley de Seguridad Interior, que legitima el uso de las fuerzas armadas para combatir la violencia.

Respaldar la Ley de Seguridad Interior es optar por un plan destinado al fracaso, que además deberá pasar el filtro de las impugnaciones que diversos actores están interponiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresaron sus reservas, fue aprobada la Ley de Seguridad Interior, sin además contar con un sistema de asignación de responsabilidades y contrapesos al poder militar que permitiera combatir o visibilizar posibles violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.