Plantean legisladores que gobiernos locales destinen más recursos para unidades encargadas de vigilar medidas cautelares

*Tienen la función de emitir dictámenes para saber si una persona debe permanecer en prisión

*La mayoría carece de fondos, personal, infraestructura, capacitación,equipamiento y tecnologías: Giorgana Jiménez

El diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI) propuso exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a destinar mayores recursos para fortalecer las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Umecas), a fin de dar cumplimiento cabal a las atribuciones que les confiere el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Justicia, Giorgana Jiménez argumentó que las Umecas son uno de los eslabones más débiles del sistema penal acusatorio, en virtud de que se encargan de elaborar los informes de riesgo de los imputados para determinar la prisión preventiva, así como supervisar las medidas cautelares dictadas por el juez, y requieren mayor atención por parte de las entidades federativas.

Indicó que estas unidades son clave, ya que emiten un dictamen técnico sobre el riesgo de una persona, "que es un elemento prioritario para que el juez decida si debe permanecer en prisión".

Por ejemplo, con un dictamen de este tipo se podría establecer que una persona en poder de un arsenal conlleva mayor riesgo que un individuo con una pistola corta y, por lo tanto, requiere una medida más severa, como puede ser la prisión.

Las Umecas cuentan con especialistas encargados de realizar el perfil de la persona imputada, atendiendo a la información de su entorno socioecoómico, antecedentes procesales y comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el proceso.

Además, son responsables de vigilar el funcionamiento de las medidas cautelares y, si el caso lo amerita, solicitar que sean fortalecidas o revocadas. Incluso puede revisar la localización de la persona procesada, ya sea con visitas o entrevistas sorpresa, o con el monitoreo de los brazaletes, si es el caso.

También pueden ordenar, cuando así lo determinen, pruebas físicas a las personas que tengan una medida cautelar, para ver si han ingerido alcohol o drogas, así como vigilar que las autoridades responsables de aplicar una medida cautelar, como por ejemplo la policía de la Procuraduría General de la República, estén cumpliendo con la aplicación correcta de esta facultad.

Giorgana Jiménez agregó que, de acuerdo con un diagnóstico del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las 32 entidades sólo tres (Querétaro, Morelos y Guanajuato) cuentan con Umecas en condiciones intermedias u óptimas.

Del resto de las entidades, 22 tienen unidades, pero con profundas debilidades y carencias; en cuatro operan en condiciones mínimas, y tres estados no cuentan con ellas, "por lo que improvisan la función".

Expresó que el SESNSP reveló que en uno de cada tres casos las Umecas no están realizando la función, porque no tienen equipamiento ni personal para poder llevar a cabo las tareas, y en uno de cada tres casos los imputados no cumplen con la medida cautelar impuesta.

Víctor Manuel Giorgana argumentó que durante el Congreso Internacional "Cambio Cultural en el Nuevo Modelo de Justicia", el SESNSP informó que este año se invertirán 36.2 millones de pesos de recursos federales, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para fortalecer y consolidar las Umecas.

Entre las carencias que presenta la mayoría de las Umecas, son relativas al personal, recursos e infraestructura, así como falta de capacitación equipamiento y nuevas tecnologías.

Por ello, afirmó el diputado del PRI, es necesario destinar mayores recursos para estas unidades, ya que la correcta aplicación de las medidas cautelares, brinda certeza jurídica, privilegia la presunción de inocencia y la seguridad ciudadana, reducen el uso de la prisión preventiva y, en consecuencia, los costos procesales.

Además, evita la criminalización de las personas sujetas a un proceso penal, otorgándoles el derecho de gozar de su libertad mientras se determina su culpabilidad o inocencia, finalizó.